VI Encuentro del Grupo de Comunidades para el Desarrollo de sus Estatutos

Ocho comunidades coordinan sus políticas de juventud, menores y la lucha contra los incendios mediante convenios de colaboración.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asistido en Palma de Mallorca al VI Encuentro del Grupo de Comunidades Autónomas para el Desarrollo de sus Estatutos. Esta reunión, la sexta de estas características que se celebra y que sucede a la de Zaragoza (julio de 2008), Sevilla (octubre de 2008), Valladolid (febrero de 2009), Valencia (junio de 2009) y Barcelona (noviembre de 2009), se han incorporado los gobiernos de La Rioja y de Castilla-La Mancha. También se ha aceptado la petición de de Galicia, del País Vasco y de Madrid, que se integrarán en el próximo encuentro a celebrar en La Rioja antes del verano.

Estos reuniones nacieron con el objetivo de analizar de forma conjunta el desarrollo de los estatutos y, al mismo tiempo, de impulsar fórmulas de colaboración mutuas en el ámbito de sus competencias que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El consejero de la Presidencia también indicó que durante las últimas tres décadas las autonomías han crecido “hacia dentro” a través del traspaso competencial. José Antonio de Santiago-Juárez ha recalcado que ha llegado el momento de que ese crecimiento se haga “hacia fuera”, a través de la coordinación horizontal. Se trata, en esencia, de “eliminar barreras administrativas” para hacer más “sencilla, fácil y cómoda” la vida cotidiana a la sociedad civil.

Convenios sobre juventud, menores y lucha contra incendios.

En el encuentro se han formalizado convenios en materia de juventud, para coordinar las actividades e instalaciones juveniles, así como sobre extinción de incendios forestales. Todos ellos entrarán en vigor el 1 de enero de 2011.

El convenio sobre extinción de incendios forestales permitirá establecer un marco de cooperación y colaboración en tareas de prevención y extinción. Así, se organizarán programas específicos de concienciación y sensibilización para prevenir los incendios en nuestros bosques y también colaborarán en las labores de extinción de mediante la aportación de personal especializado y recursos económicos. El dispositivo se coordinará a través de una central de comunicaciones mediante el teléfono de emergencias 112. Cada comunidad deberá identificar a la persona responsable que deberá recibir la solicitud de ayuda. Existirá una dirección unificada para llevar a cabo las tareas de extinción y el director o responsable técnico será nombrado por la autonomía donde se haya originado el incendio. El convenio fija una zona de ayuda intermedia, que alcanza los cinco kilómetros desde el límite territorial, donde también se ofrecerá asistencia.

El convenio de colaboración en materia de juventud permitirá coordinar las actividades e instalaciones juveniles, excepto los alberges, de las ocho comunidades. Cada una se reservará un cupo porcentual de plazas para los usuarios del resto de los firmantes. Igualmente, se adoptarán medidas para facilitar información actualizada sobre los recursos de que dispone cada administración, es decir, las modalidades de las actividades e instalaciones, el número de plazas, la titularidad y los medios personales de los servicios.

En tercer lugar, el acuerdo sobre responsabilidad penal del menor se refiere explícitamente a las medidas de internamiento y medio abierto. Los gobiernos podrán trasladar a un menor a un centro ubicado fuera de su territorio cuando se haya acreditado que su domicilio o el de sus representantes legales se halla en una comunidad distinta a la que corresponde al Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia. Asimismo, se permitirá el traslado cuando sea necesario alejar al menor de su entorno familiar y social porque así se considere oportuno y cuando la entidad que lo solicita no disponga en sus recursos de la plaza adecuada al régimen o tipo de internamiento o medio abierto impuestos.

Impulso al Senado

Por otra parte, las ocho comunidades autónomas han acordado hacer llegar una declaración conjunta al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves donde se pide un cambio en el reglamento que rige el Senado. En primer lugar, plantean la necesidad de que el Senado recupere la celebración, con carácter anual, del debate sobre el estado de las autonomías, un debate permitido por el mismo Reglamento de la cámara alta.

En segundo lugar, reclaman una revisión del reglamento vigente para atribuir nuevas funciones a la cámara y fortalecer algunas de las existentes. Esto permitirá la obligada participación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en más asuntos como la tramitación parlamentaria de los tratados internacionales con trascendencia autonómica, la potenciación de los grupos territoriales, o también el adelanto en una cierta especialización del Senado en la función de control del Gobierno sobre temas autonómicos. Igualmente, los ocho gobiernos consideran que, para potenciar el carácter territorial, hay que estudiar la posibilidad de modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para establecer la comunicación necesaria a Senado de los acuerdos que adopten los órganos de cooperación y coordinación multilateral entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

En la reunión han participado, además del consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, el consejero de Presidencia del Gobierno balear, Albert Moragues, el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura; el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila; el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río Sanz; el consejero de Gobernación de la Generalidad Valenciana, Serafín Castellano; el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel; y el consejero de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Valverde.